Hace un mes aparecieron las primeras acusaciones. Al principio eran unos cuantos dirigentes cooperativistas, pero con el correr de los días fueron sumándose otros que también advirtieron acerca de un supuesto manejo irregular en la adjudicación de construcciones de módulos habitacionales.

Las demandas se habían concentrado en el Instituto de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Pero ahora comenzaron a llegar a la Justicia Federal, por tratarse de un programa financiado por el Gobierno nacional. Ayer, el concejal, Claudio Viña (PJ), presentó una denuncia penal, mediante la cual solicitó que se investigue la administración del "Programa Federal de Integración Socio-comunitaria - Mejoramiento de Viviendas Recuperables por Cooperativas".

El edil bussista advirtió que el plan implica un total de $ 5,4 millones para la construcción de 150 módulos, por medio de 15 cooperativas de trabajo. "La persona sindicada como la autora de los ilícitos -dijo Viña-, por parte de los cooperativistas, es Roxana Ledesmade Leal, coordinadora de la unidad ejecutora de la capital".

El edil expuso ante la Justicia Federal el detalle de las denuncias efectuadas ante el Ipacym. En la documentación figuran los planteos de Liliana Lazarte (cooperativa Barrio Independencia) y JuanCarlos Suárez (tesorero de la cooperativa Juan Pablo II), entre otros.

Además, Viña recordó que entre las acusaciones contra Ledesma de Leal se menciona que, supuestamente, se benefició a sí misma con un módulo habitacional, que haber privilegiado a algunas cooperativas en perjuicio de otras, y que desvió materiales. "Los hechos bastarían para determinar estamos frente a los delitos denunciados y para abrir la pertinente investigación", remarcó Viña.

El concejal insistió en que la gravedad del hecho está dada en la tercerización de una obra que pasó de una cooperativa a manos de un maestro mayor de obra. Viña se refirió a la "carta intención" que firmaron Roberto Gramajo (Colón Limitada) con Sebastián Miguel Ojeda Andrada.

La de Viña es la segunda presentación ante la Justicia Federal sobre este programa. La primera fue impulsada, la semana pasada, por el secretario general de la convención local de la UCR, José Argañaraz.